Derecho deportivo, del contrato al dato

El artículo 6 bis del Real Decreto 1006/1985 (añadido por la Ley Orgánica 2/2024) reconoce a la deportista profesional el derecho a ampliar su contrato un año por embarazo o proceso de adopción, con prórroga automática cuando se trate del último año de contrato. La deportista puede desistir de esa renovación. No es una oferta del club, sino un derecho que opera por ley. Lo analizamos a fondo en el blog.

Necesita dos consentimientos distintos: el de protección de datos (art. 6.1.a RGPD, con autorización de los titulares de la patria potestad cuando el menor no llega a 14 años, art. 7 LOPDGDD) y el consentimiento de la propia imagen del art. 3 de la Ley Orgánica 1/1982, que cuando lo presta el representante legal exige comunicación previa al Ministerio Fiscal. El interés legítimo es muy difícil de sostener para publicar imágenes de menores, así que lo prudente es recabar y documentar ambos.

Las entidades que realizan de forma habitual actividades deportivas o de ocio con personas menores de edad están obligadas por el art. 48.1.c) de la Ley Orgánica 8/2021 (LOPIVI) a designar la figura del Delegado o Delegada de protección, además de aplicar protocolos frente a la violencia. Es una figura del ámbito deportivo y de ocio, distinta del coordinador de bienestar de los centros educativos.

Depende de lo que revelen. Los datos de un wearable (frecuencia cardiaca, variabilidad, carga) son datos de salud del art. 9 RGPD cuando revelan información sobre el estado de salud de la persona. La simple posición por GPS o la distancia recorrida normalmente no lo son. Y ojo con confundir conceptos: un dato solo es biométrico del art. 9 cuando está dirigido a identificar a la persona de manera única, como el reconocimiento facial de acceso, no por medir el rendimiento.

Es un terreno delicado, y hoy la barrera principal es el RGPD, no el AI Act. La biometría dirigida a identificar es dato de categoría especial (art. 9 RGPD): la AEPD solo la admite tras un juicio de proporcionalidad, comprobando que no hay una medida menos invasiva y con una evaluación de impacto previa. La verificación uno a uno de un abono o un socio nominativo es un caso distinto de identificar a alguien contra una lista. El AI Act, además, clasifica la identificación biométrica como alto riesgo, con obligaciones que se aplican de forma plena desde diciembre de 2027. Ningún acceso así debería lanzarse sin un análisis jurídico específico.

Es como el mercado llama a la indemnización que el deportista debe abonar si extingue su contrato por voluntad propia y sin causa, prevista en el art. 16.1 del Real Decreto 1006/1985. El propio Real Decreto no usa el término cláusula de rescisión: regula esa indemnización por extinción unilateral, y la práctica la fija por escrito en el contrato.

Depende de quién decide para qué se usan los datos. Si los clubes o entrenadores gestionan datos de sus deportistas dentro de tu plataforma, sueles actuar como encargado del tratamiento; si además decides fines propios (analítica, mejora del producto), eres responsable de esos tratamientos. Es el mismo mapa de roles que trabajamos en la revisión legal de SaaS y apps, aplicado al deporte.

Sí. Si un sistema de IA sirve para fichar, seleccionar o evaluar el rendimiento de deportistas con efecto en su relación laboral, el AI Act lo trata como alto riesgo (Anexo III), con obligaciones reforzadas cuyo régimen pleno se aplica desde diciembre de 2027. La analítica puramente táctica no cae ahí. En todo caso, el personal que use IA debe recibir formación en alfabetización en IA (art. 4 del AI Act), que es una obligación de medios.